(Corresponsalía Buenos Aires) – En una maniobra que promete desatar una feroz batalla judicial y política, el presidente Javier Milei oficializó la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto presidencial, esquivando el debate en el Senado. La decisión ya genera fuertes reacciones en la oposición y en el ámbito jurídico, con expertos que advierten sobre la inconstitucionalidad de la medida.
UN NOMBRAMIENTO CONTROVERTIDO
El Decreto 137/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, establece en su artículo 1º la designación de García Mansilla en comisión como juez de la Corte Suprema, y en su artículo 2º hace lo propio con Lijo. En tanto, el artículo 3º del decreto señala que ambos magistrados deberán cumplir con las formalidades correspondientes al momento de prestar juramento.
Con esta decisión, el Gobierno buscó sortear la falta de consenso en el Senado, donde sólo Lijo había logrado reunir las firmas necesarias para llevar su pliego al recinto. La falta de mayoría calificada obligó a suspender la sesión prevista para el pasado viernes, lo que llevó a Milei a utilizar un mecanismo excepcional previsto en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que permite designaciones en comisión durante el receso legislativo.
Sin embargo, la estrategia del Gobierno tiene un límite temporal: el próximo sábado, con el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, los nombramientos podrían ser impugnados.
REACCIONES Y POLÉMICA
El anuncio generó un fuerte revuelo en el ámbito político y judicial. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), su directora ejecutiva, Paula Litvachky, calificó la decisión como inconstitucional y adelantó que su organización podría acudir a los tribunales junto a otras entidades civiles.
Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó que se trata de “un acto nulo de nulidad absoluta”, mientras que el ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra advirtió que la medida representa “un retroceso institucional que atenta contra la independencia del Poder Judicial”.
Incluso dentro de la Corte Suprema hay incertidumbre. Eugenio Raúl Zaffaroni, exministro del máximo tribunal, consideró que si los jueces designados comienzan a firmar sentencias, podría configurarse una “usurpación de funciones” con consecuencias legales. “El poder cambia y las sentencias podrían ser anuladas”, alertó en declaraciones radiales.
UN PRECEDENTE POLÉMICO
La decisión de Milei recuerda a la de Mauricio Macri en 2015, cuando intentó nombrar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema. La reacción política y judicial fue tan adversa que el entonces presidente finalmente envió los pliegos al Senado, donde ambos candidatos fueron aprobados.
Esta vez, la situación es distinta. El kirchnerismo y otros sectores de la oposición buscan bloquear la medida en el Congreso, mientras que algunos constitucionalistas sostienen que el decreto podría ser llevado a la Corte Suprema para su anulación.
ESCENARIO FUTURO
Con el Senado fragmentado y el oficialismo sin los votos suficientes para avanzar en el proceso regular, la disputa promete extenderse en el tiempo. La sesión de apertura del período ordinario podría convertirse en el primer round de esta pelea política, con el kirchnerismo y otros sectores impulsando una estrategia para anular el decreto.
Mientras tanto, el presidente Milei se mantiene firme en su decisión y defiende el mecanismo utilizado. “La Constitución faculta al Presidente a cubrir vacantes durante el receso del Senado”, argumentó la Casa Rosada en un comunicado, minimizando las críticas y asegurando que la medida se ajusta a derecho.
Sin embargo, la tensión en el ámbito político y judicial sigue en aumento. La Corte Suprema, el Congreso y los tribunales podrían ser los escenarios de una batalla institucional sin precedentes en la democracia argentina.