El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra Cristina Kirchner y contra el exministro de Planificación Federal Julio de Vido por su «participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público». La medida afecta también a sus familiares más directos, por lo que Máximo y Florencia Kirchner también resultan afectados.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó en un comunicado que la medida emprendida por la Administración de Donald Trump hace que tanto ellos dos como sus familiares inmediatos sean inelegibles para entrar en Estados Unidos.
«Cristina Kirchner y De Vido abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en millones de dólares robados al gobierno argentino. Múltiples tribunales han condenado a CFK y De Vido por corrupción, lo que ha socavado la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina», indica el comunicado.
Y añade: «Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio. Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de luchar contra la corrupción mundial, incluso en los más altos niveles de gobierno».
Según el anuncio, el Departamento de Estado se guió por leyes que le exigen al Secretario de Estado «que designe de manera pública o privada a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que el Secretario tenga información fidedigna de que estén implicados en corrupción significativa o en grave violación de derechos humanos».
El secretario Rubio ya había apuntado varias veces a Cristina Kirchner desde su puesto del Senado, junto con otros congresistas republicanos, entre ellos el senador Ted Cruz y la representante María Elvira Salazar, que habían pedido varias veces sanciones contra la ex presidenta.
Hace dos años varios senadores habían enviado una carta al presidente Joe Biden en la que le pedían formalmente “que tome medidas inmediatas para responsabilizar» a Cristina y a sus familiares «por actos de corrupción significativa”.
Decían que la ex presidenta “es una cleptócrata convicta que robó miles de millones de las arcas estatales y permitió que actores malignos como China e Irán concentraran su influencia corrupta en un aliado crítico de Estados Unidos, Argentina”.
Además de Rubio, la carta estaba firmada por los senadores James Risch («ranking member» del del comité de Relaciones Exteriores del Senado) y Rick Scott, Bill Hagerty y John Cornyn. Mencionaba los casos por la que la ex presidenta y ex vice fue condenada como Vialidad y otros por los que sigue procesada como Hotesur, el memorándum con Irán, la ruta del dinero K, entre otros.
Desde su cargo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio siempre promovió sanciones a distintos lideres de América latina, que implican la prohibición de la entrada a los Estados Unidos, como ya han hecho con otros funcionarios latinoamericanos por corrupción como el ex presidente de Ecuador, Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, y el ex vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez.
En los últimos años, por iniciativa del gobierno de Biden, fueron sancionados los ex presidentes Horacio Cartes de Paraguay; Ricardo Martinelli de Panama y Rafael Correa de Ecuador junto con su vicepresidente, Jorge Glas.
Pese a las presiones de los senadores republicanos, el gobierno de Biden nunca sancionó a Cristina Kirchner, quien por entonces era vicepresidenta de Alberto Fernández. Pero ahora, desde una posición de poder y con el aval de Donald Trump, Rubio implementó lo que siempre había promovido desde el Congreso.
Las sanciones son un mensaje del gobierno de Trump para la región, para que los funcionarios corruptos se vean afectados por sus delitos. Y es también un gesto del nuevo jefe de la Casa Blanca para el gobierno de Javier Milei, con quien tiene gran sintonía.