Desde hace muchos años el espacio público de la ciudad de Buenos Aires se ve restringido, vulnerado y pseudo privatizado por supuestos cuidacoches, vulgarmente conocidos como “trapitos”, que exigen dinero para permitir estacionar como si fueran los dueños de las calles, amenazando a la población con rayar el vehículo o romper sus vidrios. El fenómeno, lejos de resolverse, sigue generando preocupación.
Los enfrentamientos con automovilistas son una constante como así también entre los propios cuidadores de autos que se disputan los territorios apelando a la violencia. Las escenas de extorsión se repiten en los polos gastronómicos, en los alrededores de las canchas de fútbol y donde se realizan recitales.
El ataque por parte de un cuidacoches al hermano del jugador de River Sebastián Driussi, en Ramos Mejía, que le produjo la fractura de mandíbula, y la brutal golpiza a un médico en el barrio de Flores previa intimación a pagar una suma de dinero bajo la amenaza “dame $5 mil porque te rompo todo o te mato”, pusieron el foco en esta práctica ilegal.
Pese a denuncias y hechos violentos, la situación legal de los trapitos en Buenos Aires sigue siendo difusa. Desde 2018 existe una ley que prohíbe explícitamente la actividad de los cuidacoches informales. Pero el problema persiste.
El gobierno porteño presentó un proyecto de ley para endurecer las penas y sanciones a los “trapitos”, cuidacoches y limpiavidrios que se desempeñen sin autorización legal, modificando para ello el Código Contravencional. Se busca que las penas sean de 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o multas de 800 a 4000 unidades fijas, equivalentes hasta casi $3.000.000. Además, se aplicarán las sanciones de prohibición de concurrencia y/o de interdicción de cercanía al lugar donde cometan la contravención.
Habida cuenta de los probados contactos entre quienes desempeñan estas cuestionadas labores y las barras bravas del fútbol, el proyecto agrega que, en caso de probarse la participación directa o indirecta de personas vinculadas a un club, institución u organizador, se sancionará a la entidad con multa de 5000 a 20.000 unidades fijas y clausura de sus instalaciones por 15 a 60 días, sin perjuicio de la responsabilidad y castigo a los autores materiales.
Los “trapitos” amedrentan vendiendo la solución a una amenaza que ellos mismos generan: que no dañen el automóvil que pretenden cuidar. Es de esperar que la Legislatura porteña dé una rápida aprobación al proyecto que endurece las penas a esta actividad ilegal que se apropia del espacio público en beneficio propio. Y que los controles funcionen para que la norma se cumpla estrictamente evitando su rápida liberación, como hoy ocurre.
Conforme a los criterios de