El ex intendente Ramón Mestre y sus aliados que conforman la oposición interna al núcleo de poder del diputado Rodrigo de Loredo ratificaron en la justicia su demanda dirigida a la cúpula de la UCR de Córdoba para que convoque a internas, de cara a las Legislativas de este año.
Los núcleos internos Confluencia (Ramón Mestre), Identidad Radical (Carlos Becerra y Martín Lucas) y Córdoba Abierta (Fernando Montoya) formalizaron la denuncia ante la justicia federal bajo el argumento de incumplimiento de la Carta Orgánica Partidaria por parte del Comité Central de la Provincia que conduce Marcos Ferrer, aliado de De Loredo.
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En su presentación judicial, el alineamiento opositor interno, que se ubica en la vereda de los «radicales sin peluca», afirmó que el Comité Provincia tienen la “obligación de convocar a elecciones internas para la selección de candidatos a diputados nacionales a ser sostenidos en las elecciones generales del 26 de octubre».
«En su defecto, y ante el desacato de la manda judicial, solicitamos la designación de un interventor judicial que convoque a dichas elecciones internas, fije cronograma electoral, y disponga los actos necesarios para la celebración de la elección interna”, señala el escrito presentado en la tarde de ayer.
Mestre había lanzado el lunes su ultimátum a De Loredo, aunque ya tenía un pie en la justicia por el reclamo de internas que, finalmente, formalizó en Tribunales, lo que aviva el fuego de la interna radical y la disputa en Casa Radical ante el «factor Milei».
El sábado pasado hubo una reunión de la cúpula del Comité Provincia. En ese cónclave por Zoom, la mayoría que responde a De Loredo rechazó el pedido de cronograma de internas que fogoneaba la oposición y definió enviar una nota al Congreso Partidario para que convoque a los comicios internos.
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Los radicales de la oposición citaron la Carta Orgánica Partidaria (COP) a la hora de reclamar el llamado a elecciones internas para seleccionar a los candidatos a diputados nacionales de la UCR de Córdoba, pensando en los comicios legislativos convocados para el 26 de octubre.
El mestrismo busca, además, que la votación puertas adentro del radicalismo cordobés sirva de marco para definir un posicionamiento en contra de una alianza con el partido del presidente Javier Milei y su hermana Karina, quien comanda la fuerza política violeta.
En el entorno del ex intendente radical consideran que viene encaminado un entendimiento de De Loredo con la Libertad Avanza para encabezar la lista de postulantes a la Cámara Baja del Congreso en el marco de una alianza de tinte violeta. El círculo más próximo al diputado nacional, quien debe renovar su banca, le baja el precio a esa versión y remarca que «falta mucho» para octubre. «Todo puede pasar», aportó un interlocutor.
Intervención judicial
En filas deloredistas sostienen que no hay incumplimiento de la COP y que los tiempos siguen su curso, aunque en la oposición expresan lo contrario. La mirada, por ahora, está puesta en el Congreso Partidario. A su vez, desde el círculo próximo a De Loredo reafirmaron que la dirigencia del interior provincial «no quiere internas».
En su movida, Mestre y sus aliados advirtieron que, de acuerdo a las formas y plazos previstos en la COP, «la convocatoria a elecciones internas para la selección de candidatos a diputados nacionales a ser sostenidos por nuestro partido en las elecciones generales del 26 de octubre» tiene como última fecha posible el 13 de julio próximo.
Ante el «rechazo por silencio del órgano partidario», el polo opositor de la UCR cordobesa entiende que se encuentra habilitada la vía judicial. De este modo, le pidió al juez federal con competencia electoral que “ordene” al Comité Provincia a readecuar un cronograma electoral que permita la realización de las elecciones internas.
En este sentido, en la presentación de estos núcleos internos referenciados en Mestre, Becerra y Montoya se advierte que “en caso de ser necesario” se designe “un interventor judicial” para su cumplimiento. Sin embargo, se aclaró que “tal medida no implica el cese de las autoridades partidarias, sino exclusivamente la reparación de la omisión denunciada, quedando el proceso electoral a cargo de la Junta Electoral Partidaria”.