El caso Ligados compromete al correísmo con más pruebas de manipulación institucional

El excandidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, se presentó este 13 de junio en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, en el marco del caso Ligados. Lo hizo escoltado por simpatizantes y legisladores de la Revolución Ciudadana, en un ambiente de tensión política y resistencia mediática. Arauz es investigado por presunta asociación ilícita en la presunta manipulación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Según la Fiscalía, existirían evidencias de que el correísmo buscó controlar dicho organismo clave mediante designaciones influenciadas políticamente.

Uno de los indicios más comprometedoras surgió de la incautación de los celulares del exconsejero Augusto Verduga. Los registros mostrarían estrategias para intervenir ilegalmente en instituciones del Estado con el objetivo de restablecer el control del correísmo.  En estos chats aparece una voz cuya identidad se investiga. Al ser consultado, Arauz evitó confirmar si es la suya, lo que aumentó las sospechas sobre su participación directa. El silencio estratégico frente a una evidencia clave deja en duda la transparencia del involucrado.

Además, el político defendió su libre tránsito internacional y criticó que lo investiguen «solo por publicaciones en X», aunque la Fiscalía sostiene que hay más elementos que sostienen la imputación. Arauz también aprovechó su comparecencia para atacar al fiscal Wilson Toainga, al que acusó de excederse en sus funciones. Esto refleja una estrategia recurrente del correísmo: deslegitimar a las instituciones cuando estas cuestionan sus actos.

Al salir de la Corte, los seguidores de Arauz gritaron consignas como “prensa basura” y “payasos”, evidenciando un desprecio organizado hacia la libertad de prensa. Este tipo de ataques recuerda prácticas autoritarias que buscan silenciar el escrutinio público.  Junto a Arauz, también fue vinculada la exasambleísta Esther Cuesta, quien debía presentarse el mismo día. La investigación continúa sumando implicados y evidencia sobre una supuesta red de control institucional.

Este caso revive preocupaciones sobre el legado del correísmo en la institucionalidad democrática. El intento por apoderarse del CPCCS sería una prolongación de las prácticas de concentración de poder vistas durante el gobierno de Rafael Correa.  La Fiscalía asegura que existen elementos que ubican a Arauz como coordinador externo de acciones ilícitas. Mientras tanto, las expresiones públicas del implicado buscan desviar el foco de las pruebas hacia un relato de persecución política. Este patrón ya ha sido observado en otros casos judiciales donde se vincula al correísmo, revelando una constante:deslegitimar a la justicia mientras se niega la evidencia, como forma de sostener influencia política.

La ciudadanía y las instituciones enfrentan nuevamente el desafío de defender el Estado de Derecho ante quienes buscan instrumentalizarlo. La lucha contra la impunidad exige que estos casos no terminen archivados ni distorsionados por discursos victimistas.

El caso Ligados pone en evidencia cómo sectores del correísmo habrían intentado manipular instituciones clave para sostener su poder político. La negativa a responder sobre pruebas concretas y los ataques a la prensa refuerzan la necesidad de una justicia firme, autónoma y blindada contra el retorno de las viejas prácticas.