El justicialismo enfrenta una etapa de reconfiguración interna. Si bien existe un respaldo explícito a la ex Presidenta, los armados provinciales se orientan a consolidar estructuras propias de cara a las elecciones de octubre. La unidad formal se sostiene por necesidad táctica, pero el fondo del debate gira en torno a quién conducirá el rumbo estratégico del PJ hacia el futuro.
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Tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, los gobernadores del peronismo comenzaron a tomar distancia del armado político que impulsa La Cámpora. Si bien expresaron su respaldo a la ex Presidenta, iniciaron una estrategia para disputar el control de las listas en sus provincias, con el objetivo de limitar la influencia del sector liderado por Máximo Kirchner.
Cristina Fernández de Kirchner mantiene una centralidad política que la distingue del resto de los referentes del peronismo, pero ese liderazgo simbólico es interpretado por muchos dirigentes como una herramienta que La Cámpora intentará capitalizar de cara a las elecciones de octubre.
Ante esa posibilidad, los gobernadores consolidaron una posición común: preservar el control de los armados territoriales y evitar que una agrupación con escasa inserción en las provincias condicione las estrategias locales desde una lógica ajena a sus realidades concretas.
En una reunión reciente realizada en la sede partidaria de Matheu 130, los mandatarios provinciales reclamaron «más realismo en las estrategias nacionales del Partido Justicialista», y un reconocimiento efectivo a quienes gestionan en los territorios. Asimismo, exigieron el fin de las intervenciones partidarias que se promovieron durante la conducción de Cristina Kirchner en el PJ.
El pedido de los gobernadores apunta a evitar que La Cámpora repita el esquema de construcción política basado en el uso de la lapicera, como sucedió en casos como Chubut, Jujuy y Corrientes. La voluntad de los mandatarios es que los armados territoriales respondan a las dinámicas locales y no a imposiciones verticales.
EL CASO MENDOZA Y EL DESGASTE DE FERNÁNDEZ SAGASTI
Uno de los ejemplos más representativos del cambio en la conducción del PJ es el caso de Mendoza. La senadora Anabel Fernández Sagasti, referente de La Cámpora en esa provincia, perdió poder luego de una serie de derrotas electorales. En las elecciones generales de 2023, el peronismo apenas alcanzó el 14,73 por ciento de los votos.
En ese contexto, la conducción partidaria fue asumida por los intendentes, con Emir Félix como figura principal. Estos actores ya definieron que no habrá lugares en las listas para el sector que responde a Máximo Kirchner, el cual intenta reposicionarse con el sello Unidad Popular.
La decisión refleja una tendencia que se repite en varias provincias, donde los referentes territoriales buscan consolidar estructuras propias que garanticen competitividad electoral, sin depender de los lineamientos de La Cámpora. Las críticas se concentran en que la agrupación carece de peso específico en el interior del país y solo ha logrado posiciones a través de acuerdos o imposiciones.
La tensión se vuelve aún más marcada ante el proceso de definición de las listas de candidatos para las elecciones de octubre, donde se anticipa una puja intensa entre los sectores que representan a los gobernadores y los espacios vinculados al kirchnerismo duro.
Unidad, con divergencias
Pese a las diferencias, los sectores internos del peronismo coinciden en que no es momento de fracturas. Ninguna de las partes plantea abiertamente romper la estructura partidaria, por lo que se descarta, al menos en el corto plazo, una fuga en los bloques legislativos.
La estrategia parece ser la de contener las tensiones hasta después de las elecciones. La mayoría de los actores del PJ reconocen que una mala elección en sus provincias podría debilitar su proyección y obstaculizar el armado nacional para 2027. Por eso, priorizan el control territorial antes que el enfrentamiento abierto con el kirchnerismo.
La CGT, en tanto, mantiene un respaldo simbólico a Cristina, aunque sus principales preocupaciones están ligadas al sostenimiento de las obras sociales y al impacto del ajuste económico sobre el empleo formal. La central sindical no aparece hoy como factor decisivo en el armado electoral.
En este contexto, el peronismo enfrenta el desafío de construir una propuesta programática con capacidad de incluir a todos los sectores sin repetir los errores del pasado. Las elecciones de octubre serán una prueba clave para medir los equilibrios internos y definir el rumbo del partido en los próximos años.
Expectativas para octubre
A medida que se acerca el cronograma electoral, las diferencias entre los distintos sectores del peronismo podrían acentuarse. Aunque, por ahora predomina la intención de preservar la unidad, los armados provinciales avanzan con criterios propios y en algunos casos, en abierta disidencia con La Cámpora.
Los gobernadores evalúan sus chances y ajustan sus estrategias con un ojo puesto en la próxima elección y otro en la reconstrucción del peronismo post kirchnerista. El desenlace dependerá de la capacidad de negociar equilibrios y de evitar que las internas debiliten al conjunto frente a los desafíos electorales.
La centralidad de Cristina sigue siendo un factor de peso, pero su margen de maniobra se reduce en la medida en que las estructuras territoriales reclaman mayor autonomía. El desenlace de esta pulseada definirá el perfil del peronismo para los próximos años.