El reciente anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, confirmando que el Gobierno apelará la suspensión judicial del decreto 461/2025 que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, ha generado un nuevo capítulo en el debate sobre la reorganización del Estado argentino.
La decisión judicial, tomada por la magistrada Martina Forns, representa un freno significativo a una de las reformas más controversiales impulsadas por la administración del Gobierno de Javier Milei, y plantea interrogantes sobre los límites legales y constitucionales del poder ejecutivo en materia de reestructuración institucional.
El vocero presidencial comunicó la intención del Gobierno de apelar el fallo a través de su cuenta en la red social X, en un mensaje breve pero contundente: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin”.
Esta declaración se produjo horas después de que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), suspendiendo por seis meses cualquier acto administrativo derivado del decreto presidencial.
El decreto 461/2025, publicado el 8 de julio, ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Según el Gobierno, estas entidades representaban “estructuras ligadas a la corrupción en la obra pública”.
Adorni justificó la medida citando la causa judicial que involucró a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que se detectaron “maniobras fraudulentas” como contratos amañados, adelantos financieros sin justificación y abandono de obras sin penalización.
Decreto
La jueza Martina Forns argumentó que la aplicación del decreto podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.
En su resolución de nueve páginas, la magistrada advirtió sobre el “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” y destacó que el artículo 32 del decreto condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, lo que violaría convenios colectivos de trabajo y normas constitucionales.
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