(Corresponsalia Buenos Aires) – En un nuevo episodio de brutalidad estatal, el gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegaron un operativo represivo sin precedentes desde el 2001, atacando con ferocidad a jubilados y manifestantes que se congregaban pacíficamente frente al Congreso para reclamar por sus derechos. La jornada dejó un saldo de al menos 15 heridos, uno de ellos en grave estado, y 150 detenidos.
La represión como respuesta
Miles de jubilados, acompañados por hinchas de diversos clubes de fútbol y organizaciones sociales, se movilizaron bajo la consigna “Todos seremos jubilados”. Sin embargo, la respuesta del gobierno no fue el diálogo, sino la violencia. Desde las primeras horas de la tarde, fuerzas federales rodearon la Plaza del Congreso con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y escopetas con balas de goma, listas para actuar.
Cerca de las 16, la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura avanzaron sobre los manifestantes, desatando una brutal represión. En cuestión de minutos, los jubilados y manifestantes eran atacados con gas pimienta y chorros de agua a presión. El operativo también incluyó el uso de parapoliciales infiltrados, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Heridos y detenidos
Uno de los casos más graves es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza mientras documentaba la represión. Se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía, donde es operado de urgencia. También se registró la agresión a una jubilada, que fue golpeada en la cabeza por efectivos de la Policía Federal, cayendo inconsciente al suelo. Videos de los incidentes se viralizaron rápidamente en redes sociales, despertando el repudio generalizado.
Entre los 150 detenidos se encontraba Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien fue liberado horas después. “La violenta represión de hoy supera todos los límites, hiere a la democracia de nuestro país”, denunció Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional.
El avance de la violencia estatal
El despliegue represivo no se limitó al Congreso. Manifestantes que se replegaron hacia la Avenida de Mayo fueron perseguidos y reprimidos con igual violencia. En Plaza de Mayo, un segundo cerco policial impidió el avance de los manifestantes, reforzando la estrategia de Milei y Bullrich de criminalizar la protesta social.
En tanto, el gobierno justificó la represión afirmando que se trataba de “una marcha de barrabravas kirchneristas”. Manuel Adorni, vocero presidencial, minimizó la gravedad de los hechos y se alineó con la postura oficial de endurecer el derecho de admisión en los estadios de fútbol para quienes participen en protestas.
El peligro de un estado represivo
Desde su asunción, el gobierno de Milei ha profundizado su estrategia de represión sistemática. Con la implementación del “protocolo antipiquetes” de Bullrich, se ha registrado un incremento en el uso de la violencia policial, consolidando un escenario de pérdida de derechos civiles.
Las imágenes de jubilados golpeados y manifestantes heridos por la brutalidad de las fuerzas federales evocan los días más oscuros de la Argentina. El miedo es que esto sea solo el comienzo de una política de represión sistemática contra cualquier forma de oposición al gobierno de Milei.
Los jubilados no pedían privilegios, sino justicia. Y la respuesta que recibieron fue una cacería policial. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar este gobierno para silenciar las protestas?