Entre 2017 y 2024, los trabajadores argentinos han vivido una de las peores pérdidas de ingresos de las últimas décadas. Según el reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), la caída del salario real produjo una transferencia de ingresos desde los asalariados por la descomunal cifra de 164.000 millones de dólares (tomando el tipo de cambio oficial) en dicho periodo. Este fenómeno, lejos de ser un accidente, es el resultado de políticas económicas deliberadas implementadas por los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y actualmente Javier Milei, orientadas a beneficiar al gran capital en detrimento de la clase trabajadora.
CIFRA-CTA detalla que esta transferencia, representa una caída en la participación de lo producido en el país para los trabajadores de forma sostenida en el tiempo. La inflación, acompañada de devaluaciones recurrentes, ajustes en tarifas y congelamientos salariales, ha sido el principal mecanismo para este traslado de recursos desde los bolsillos de quienes producen la riqueza hacia las arcas de quienes la concentran.
En el informe los investigadores Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti explican que “la participación de los asalariados en el ingreso nacional cayó 7,8 puntos porcentuales (del 51,8% al 44,1%), lo que implicó una transferencia regresiva de recursos hacia el capital, el ingreso mixto (cuentapropistas) y los impuestos netos”. También detalla que el reparto se distribuyó de la siguiente manera: “el excedente de explotación aumentó en 2,5 puntos porcentuales, la incidencia del ingreso mixto bruto ascendió en 3,2 puntos y el peso relativo de los impuestos netos de subsidios se incrementó en 2,04 puntos entre 2016 y 2024”.
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Macri y Alberto Fernández: inicio y continuidad de la debacle salarial
El gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) sentó las bases de este proceso de saqueo. Con un discurso de «apertura al mundo», su política económica incluyó un fuerte endeudamiento, la vuelta al FMI en 2018 y una devaluación que disparó los precios del mercado interno. La consecuencia fue una caída del poder adquisitivo de los trabajadores y el aumento de la pobreza.
En palabras de los autores: “la fuerte caída durante el gobierno de Macri (del 51,8% al 46,2%) estuvo vinculada a la salida de capitales que se produjo en 2018 y 2019, y que determinaron diversos episodios de devaluación con sus consiguientes impactos en los precios, la actividad económica, la ocupación y los salarios reales”. En el estudio afirman que en promedio durante la gestión de Juntos por el Cambio la pérdida para los trabajadores fue de más de US$ 15.000 (siempre a tipo de cambio oficial) por año.
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El Frente de Todos asumió en 2019 con la promesa de revertir el ajuste macrista, pero los hechos demostraron otra realidad. Lejos de mejorar los ingresos de los trabajadores, el gobierno de Alberto Fernández profundizó las medidas de ajuste para cumplir con el acuerdo firmado con el FMI.
Los salarios reales continuaron en caída mientras los empresarios aumentaban sus ganancias ya que la productividad (cantidad promedio producida por hora trabajada) no descendió hasta el 2023 como si lo había hecho durante el macrismo. El informe de CIFRA afirma que el robo adicional sobre los trabajadores fue de US$ 29.600 millones en promedio por año.
Javier Milei y el ajuste perpetuo
Con Javier Milei al mando desde 2023, las cifras continúan en caída. Sus políticas ultraliberales, sustentadas en el respaldo del FMI y ejecutadas por su ministro de Economía, Luis Caputo, han acelerado la transferencia de ingresos. Los especialistas estiman que durante 2024 la transferencia de ingresos fue por US$ 33.900 millones. Las reformas laborales y previsionales propuestas, junto con un nuevo acuerdo con el FMI, buscan profundizar el ajuste y asegurar que los grandes empresarios y especuladores aumenten sus ganancias.
Frente a este panorama, es fundamental la organización de los trabajadores para luchar contra los planes de ajuste. Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, han presentado propuestas concretas para enfrentar esta situación: reducción de la jornada laboral sin baja salarial, prohibición de despidos, salarios que cubran la canasta familiar y el desconocimiento soberano de la deuda con el FMI. Estas medidas buscan no solo detener el ajuste, sino también revertir la transferencia histórica de ingresos hacia los sectores empresariales poniendo la economía en función de los intereses de las grandes mayorías.